by Joseph E. Stiglitz / Project Syndicate
NUEVA YORK – Hoy existe un consenso de que la recesión de Estados Unidos -que ya lleva un año- probablemente sea extensa y profunda, y que casi todos los países se verán afectados. Siempre pensé que la noción de que lo que sucediera en Estados Unidos estaría desacoplado del resto del mundo era un mito. Los acontecimientos lo están confirmando.
Afortunadamente, Estados Unidos por fin tiene un presidente que de alguna manera entiende la naturaleza y la gravedad del problema, y que se comprometió a implementar un fuerte programa de estímulo. Esto, junto con la acción concertada de los gobiernos en otras partes, hará que la depresión sea menos severa de lo que sería si no fuera así.
La Reserva Federal de Estados Unidos, que ayudó a crear los problemas mediante una combinación de liquidez excesiva y regulación laxa, intenta enmendar las cosas inundando la economía de liquidez -una medida que, en el mejor de los casos, simplemente impidió que las cosas fueran peor de lo que son-.
No sorprende que quienes ayudaron a crear los problemas y no vieron venir el desastre no hicieran un buen trabajo a la hora de resolverlo. Por ahora, ya está establecida la dinámica de la caída y las cosas se pondrán peor, no mejor. De alguna manera, la Fed se parece a un conductor ebrio que, al darse cuenta de repente de que se está saliendo del camino, empieza a conducir alocadamente de un lado a otro de la ruta.
La respuesta a la falta de liquidez es cada vez más liquidez. Cuando la economía empiece a recuperarse, y los bancos comiencen a prestar, ¿podrán drenar suavemente la liquidez del sistema? ¿Estados Unidos enfrentará un brote de inflación? ¿O, más probablemente, en otro momento de exceso, la Fed reaccionará exageradamente, cortando la recuperación de raíz? En vistas del trazo confuso exhibido hasta ahora, no podemos tener mucha confianza en lo que nos aguarda.
Aún así, no estoy seguro de que haya un reconocimiento suficiente de algunos de los problemas subyacentes que enfrenta la economía global, sin el cual la recesión global actual quizá no dé lugar a un crecimiento robusto -no importa el buen trabajo que realice la Fed.
Durante mucho tiempo, Estados Unidos desempeñó un papel importante a la hora de mantener en funcionamiento la economía global. El libertinaje de Estados Unidos -el hecho de que el país más rico del mundo no pudiera vivir con sus propios medios- fue muchas veces criticado. Pero tal vez el mundo debería estar agradecido, porque sin el libertinaje norteamericano, la demanda agregada global habría sido insuficiente.
En el pasado, los países en desarrollo cumplían este papel, a través de un déficit comercial y fiscal. Pero pagaron un precio alto, y ahora están de moda la responsabilidad fiscal y las políticas monetarias conservadoras. De hecho, muchos países en desarrollo, temerosos de perder su soberanía económica en manos del FMI -como ocurrió durante la crisis financiera asiática de 1997-, acumularon cientos de miles de millones de dólares en reservas. El dinero que se dedica a reservas es ingreso que no se gasta. Es más, la creciente desigualdad en la mayoría de los países del mundo implicó que el dinero pasó de quienes estaban dispuestos a gastarlo a quienes están tan bien que, por más que lo intenten, no pueden gastarlo todo.
El apetito interminable de petróleo del mundo, más allá de su capacidad o voluntad para producirlo, aportó un tercer factor. Los crecientes precios del petróleo transfirieron dinero a los países ricos en petróleo, contribuyendo nuevamente a la inundación de liquidez. Si bien por ahora se desinflaron los precios del petróleo, una recuperación robusta haría que se dispararan otra vez.
Durante un tiempo, la gente hablaba casi favorablemente de la inundación de liquidez. Pero esto sólo fue la otra cara de lo que había preocupado a Keynes -una insuficiente demanda agregada global-. La búsqueda de retornos contribuyó al apalancamiento y a la aceptación imprudente de riesgos subyacentes a esta crisis.
El gobierno de Estados Unidos, durante un tiempo, compensará el ahorro creciente de los consumidores norteamericanos. Pero si los consumidores de Estados Unidos pasan de un nivel prácticamente cero de ahorro como tenían a un modesto 4% o 5% del PBI, entonces el efecto desalentador sobre la demanda (además del que resulte de las caídas en la inversión, las exportaciones y los gastos de los gobiernos estatales y locales) no se verá plenamente compensado ni siquiera por los programas más grandes de gasto del gobierno. En dos años, los gobiernos, conscientes de los gigantescos aumentos de la carga de la deuda como resultado de los megarrescates y los asombrosos déficits, se verán presionados a arrojar excedentes primarios (donde el gasto del gobierno neto de pagos de intereses es menor que los ingresos).
Hace pocos años, se le tenía miedo al riesgo de un desdoblamiento desordenado de los "desequilibrios globales". La crisis actual puede ser vista como parte de eso, pero es poco lo que se está haciendo respecto de los problemas subyacentes que dieron origen a esos desequilibrios. No sólo necesitamos estímulos temporarios, sino soluciones a más largo plazo. No es que exista una escasez de necesidades; es sólo que quienes podrían satisfacer esas necesidades tienen una escasez de fondos.
Primero, necesitamos revertir las tendencias preocupantes de una creciente desigualdad. Una carga tributaria más progresiva sobre los ingresos también ayudará a estabilizar la economía a través de lo que los economistas llaman "estabilizadores automáticos". También ayudaría si los países desarrollados avanzados cumplieran con sus compromisos de ayudar a los más pobres del mundo aumentando sus presupuestos de ayuda exterior al 0,7% del PBI.
Segundo, el mundo necesita enormes inversiones si ha de responder a los desafíos del calentamiento global. Los sistemas de transporte y los patrones de vida deben cambiarse drásticamente.
Tercero, se necesita un sistema de reservas global. Tiene poco sentido que los países más pobres del mundo les presten dinero a los más ricos a tasas de interés bajas. El sistema es inestable. El sistema de reservas en dólares está deshilachándose, pero probablemente sea reemplazado por un sistema dólar/euro o dólar/euro/yen que es incluso más inestable. Las emisiones anuales de una moneda de reserva global (lo que Keynes llamaba Bancor o el FMI llama DEG) podrían ayudar a estimular la demanda agregada global, y utilizarse para promover el desarrollo y encarar los problemas del calentamiento global.
Este año será lúgubre. El interrogante que necesitamos formularnos ahora es: ¿cómo podemos mejorar las posibilidades de que finalmente logremos una recuperación robusta?
miércoles, 21 de enero de 2009
DDHH-EL SALVADOR: Juez español tras los asesinos de jesuitas
Por Raúl Gutiérrez
SAN SALVADOR, 13 ene (IPS) - La decisión de la justicia española de investigar a 14 militares salvadoreños por su presunta responsabilidad en la masacre de seis sacerdotes católicos y dos asistentes, registrada en 1989 en ese país, es una "señal de esperanza contra la impunidad", señalan abogados y activistas.
En su decisión, a la que accedió IPS, el titular del juzgado central número seis de Madrid, Eloy Velasco, admite la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), con sede en la occidental ciudad estadounidense de San Francisco.
"Dispongo. Admitir la querella (…) contra Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Bustillo, Juan Cepeda, Inocente Montano, Francisco Fuentes, Carlos Hernández, José Espinoza, Gonzalo Guevara, Óscar Amaya, Antonio Avalos, Ángel Pérez, Tomás Zárpate, José Sierra, y cuantos otros resulten vinculados a los hechos objeto de investigación", señala el magistrado.
Almudena Bernabeu, abogada española del CJA, se mostró complacida con la resolución de Velasco. "Estoy muy satisfecha de que el juez haya coincidido en que se puede enjuiciar a los militares" por crímenes contra la humanidad y terrorismo, sostuvo en consulta telefónica desde San Francisco.
Por su parte, David Morales, abogado de la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho (Fespad), declaró a IPS que "es una noticia esperanzadora para la búsqueda del fin de la impunidad en el país".
Morales ha sido querellante en varios casos de abusos contra los derechos humanos, como la demanda contra el Estado salvadoreño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato en 1980 mientras oficiaba misa del arzobispo católico de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero.
Ese crimen fue perpetrado por un escuadrón de la muerte dirigido por el ya fallecido Roberto d'Aubuisson (1944-1992), fundador de la hoy gobernante y derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), según lo estableció la Comisión de la Verdad, creada por la Organización de las Naciones Unidas en el marco de los acuerdos de paz de 1992 que puso fin a 12 años de guerra civil entre las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares contra la guerrilla izquierdista.
Para Morales, el proceso penal que se tramitará en España confirmará la responsabilidad de estos uniformados en el crimen, como ya ha sido "demostrado" ante varias instancias y demostrará que la justicia local se ha negado a juzgarlos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, ha aceptado dos demandas sobre el mismo caso presentadas por la orden católica Compañía de Jesús, aún pendientes de resolución.
La APDHE y el CJA presentaron el 13 de noviembre una querella ante los tribunales españoles, en la que, además de acusar a los 14 militares, se pedía imputar al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani (1989-1994) del delito de encubrimiento.
Morales dijo en aquel momento que el caso era "ilustrativo de lo que ha pasado en El Salvador y tiene una dimensión histórica invaluable en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas".
Si bien el juez Velasco no aceptó la acusación contra Cristiani, por considerar que ese ilícito no es pasible de enjuiciar fuera del país en que se cometió, durante el proceso se podría encontrar méritos para investigarlo, señalan los especialistas.
La masacre se perpetró en el marco de una incursión del batallón de contrainsurgencia Atlacatl en la Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por la Compañía de Jesús, en medio de una ofensiva del entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora convertido en partido político legal.
Los asesinados en la operación llevada a cabo por una treintena de oficiales y soldados fueron los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Amado López, el también prelado salvadoreño Joaquín López y López, la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.
Inmediatamente después del crimen, el gobierno de Cristiani y la jefatura de las Fuerzas Armadas acusaron al FMLN de cometer la masacre, pero luego reconocieron la autoría de los militares.
En 1991, los oficiales del ejército Yushi René Mendoza y Guillermo Benavides (entre nueve acusados) fueron condenados, pero fueron puestos en libertad en 1993 como consecuencia de la amnistía decretada por Cristiani, considerada como "un obstáculo para la justicia" por organizaciones defensoras de los derechos humanos salvadoreños e internacionales.
La guerra civil salvadoreña dejó 75.000 personas muertas y 7.000 desaparecidas, la mayoría civiles, en crímenes mayoritariamente cometidos por militares y paramilitares.
Después de conocida la querella, en noviembre, el presidente de El Salvador, Antonio Saca, defendió a Cristiani, también de Arena, de quien dijo sentirse orgulloso, y señaló que la demanda abriría "heridas del pasado".
Armando Pérez, director de la red de organizaciones de derechos humanos, en diálogo con IPS consideró que la aceptación de la demanda es una muestra de la efectividad de la justicia española.
"Es satisfactoria y representa un gran avance en la lucha por la justicia", en contraste con el déficit de la justicia salvadoreña, atrapada por visiones partidarias, subrayó Pérez.
Organizaciones no gubernamentales y juristas aseguran que la ley de amnistía, así como la falta de voluntad de la fiscalía y de algunos jueces impiden castigar a los responsables de crímenes contra la humanidad perpetrado en esa época.
La CJA eligió a la justicia española porque esa nación tiene acuerdos vigentes de extradición con El Salvador y porque sus magistrados admiten el "principio de justicia universal", ya utilizado en el caso del arresto en 1998 en Londres por orden de Baltasar Garzón del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990), ya fallecido.(FIN/2009)
SAN SALVADOR, 13 ene (IPS) - La decisión de la justicia española de investigar a 14 militares salvadoreños por su presunta responsabilidad en la masacre de seis sacerdotes católicos y dos asistentes, registrada en 1989 en ese país, es una "señal de esperanza contra la impunidad", señalan abogados y activistas.
En su decisión, a la que accedió IPS, el titular del juzgado central número seis de Madrid, Eloy Velasco, admite la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), con sede en la occidental ciudad estadounidense de San Francisco.
"Dispongo. Admitir la querella (…) contra Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Bustillo, Juan Cepeda, Inocente Montano, Francisco Fuentes, Carlos Hernández, José Espinoza, Gonzalo Guevara, Óscar Amaya, Antonio Avalos, Ángel Pérez, Tomás Zárpate, José Sierra, y cuantos otros resulten vinculados a los hechos objeto de investigación", señala el magistrado.
Almudena Bernabeu, abogada española del CJA, se mostró complacida con la resolución de Velasco. "Estoy muy satisfecha de que el juez haya coincidido en que se puede enjuiciar a los militares" por crímenes contra la humanidad y terrorismo, sostuvo en consulta telefónica desde San Francisco.
Por su parte, David Morales, abogado de la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho (Fespad), declaró a IPS que "es una noticia esperanzadora para la búsqueda del fin de la impunidad en el país".
Morales ha sido querellante en varios casos de abusos contra los derechos humanos, como la demanda contra el Estado salvadoreño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato en 1980 mientras oficiaba misa del arzobispo católico de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero.
Ese crimen fue perpetrado por un escuadrón de la muerte dirigido por el ya fallecido Roberto d'Aubuisson (1944-1992), fundador de la hoy gobernante y derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), según lo estableció la Comisión de la Verdad, creada por la Organización de las Naciones Unidas en el marco de los acuerdos de paz de 1992 que puso fin a 12 años de guerra civil entre las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares contra la guerrilla izquierdista.
Para Morales, el proceso penal que se tramitará en España confirmará la responsabilidad de estos uniformados en el crimen, como ya ha sido "demostrado" ante varias instancias y demostrará que la justicia local se ha negado a juzgarlos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, ha aceptado dos demandas sobre el mismo caso presentadas por la orden católica Compañía de Jesús, aún pendientes de resolución.
La APDHE y el CJA presentaron el 13 de noviembre una querella ante los tribunales españoles, en la que, además de acusar a los 14 militares, se pedía imputar al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani (1989-1994) del delito de encubrimiento.
Morales dijo en aquel momento que el caso era "ilustrativo de lo que ha pasado en El Salvador y tiene una dimensión histórica invaluable en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas".
Si bien el juez Velasco no aceptó la acusación contra Cristiani, por considerar que ese ilícito no es pasible de enjuiciar fuera del país en que se cometió, durante el proceso se podría encontrar méritos para investigarlo, señalan los especialistas.
La masacre se perpetró en el marco de una incursión del batallón de contrainsurgencia Atlacatl en la Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por la Compañía de Jesús, en medio de una ofensiva del entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora convertido en partido político legal.
Los asesinados en la operación llevada a cabo por una treintena de oficiales y soldados fueron los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Amado López, el también prelado salvadoreño Joaquín López y López, la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.
Inmediatamente después del crimen, el gobierno de Cristiani y la jefatura de las Fuerzas Armadas acusaron al FMLN de cometer la masacre, pero luego reconocieron la autoría de los militares.
En 1991, los oficiales del ejército Yushi René Mendoza y Guillermo Benavides (entre nueve acusados) fueron condenados, pero fueron puestos en libertad en 1993 como consecuencia de la amnistía decretada por Cristiani, considerada como "un obstáculo para la justicia" por organizaciones defensoras de los derechos humanos salvadoreños e internacionales.
La guerra civil salvadoreña dejó 75.000 personas muertas y 7.000 desaparecidas, la mayoría civiles, en crímenes mayoritariamente cometidos por militares y paramilitares.
Después de conocida la querella, en noviembre, el presidente de El Salvador, Antonio Saca, defendió a Cristiani, también de Arena, de quien dijo sentirse orgulloso, y señaló que la demanda abriría "heridas del pasado".
Armando Pérez, director de la red de organizaciones de derechos humanos, en diálogo con IPS consideró que la aceptación de la demanda es una muestra de la efectividad de la justicia española.
"Es satisfactoria y representa un gran avance en la lucha por la justicia", en contraste con el déficit de la justicia salvadoreña, atrapada por visiones partidarias, subrayó Pérez.
Organizaciones no gubernamentales y juristas aseguran que la ley de amnistía, así como la falta de voluntad de la fiscalía y de algunos jueces impiden castigar a los responsables de crímenes contra la humanidad perpetrado en esa época.
La CJA eligió a la justicia española porque esa nación tiene acuerdos vigentes de extradición con El Salvador y porque sus magistrados admiten el "principio de justicia universal", ya utilizado en el caso del arresto en 1998 en Londres por orden de Baltasar Garzón del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990), ya fallecido.(FIN/2009)
miércoles, 7 de enero de 2009
Más publicaciones de Chapelas
En la base de datos de tesis de la UNAM, contré estas otras publicaciones de Chapelas:
Chapela Lara, María: Estratigrafía, petrología y evolución del Centro Volcánico La Muñeca, Tejupilco, Estado de México 2008 Texto completo.
Consejo y Chapela, Carolina: Prevalencia del Síndrome Metabólico y riesgo de eventos coronarios a 10 años en una población indígena oaxaqueña: primera fase 2008 Texto completo.
Francisco Javier Chapela Mendoza: Conservación activa de la diversidad biológica mediante la acción colectiva: El caso del proyecto COINBIO. 2008
Chapela Ayala, Tania Camila: ¿Planeacion y gestion participativas?: el caso del proyecto de rescate integral del Conjunto Abelardo L. Rodriguez . 2006. Texto completo.
Consejo y Chapela, Rebeca: Geografía, curriculo y formación en ciudadania. 2006. Texto completo.
Bojorquez Chapela, Ietza Rocio: Construcción de genero, actitudes y conductas alimentarias de riesgo en mujeres adolescentes mexicanas. 2004
Chapela y Mendoza, Gonzalo: La organización campesina forestal en el cambio liberal mexicano :1980-1992. 1998 Texto completo
Chapela M., Ignacio H. Receptores adrenergicos beta en el miocardio de dos modelos de hipertension arterial en la rata. 1983
Chapela Mendoza, Ma. de Lourdes: Reportaje sobre los titeres, 1974
Chapela Lara, María: Estratigrafía, petrología y evolución del Centro Volcánico La Muñeca, Tejupilco, Estado de México 2008 Texto completo.
Consejo y Chapela, Carolina: Prevalencia del Síndrome Metabólico y riesgo de eventos coronarios a 10 años en una población indígena oaxaqueña: primera fase 2008 Texto completo.
Francisco Javier Chapela Mendoza: Conservación activa de la diversidad biológica mediante la acción colectiva: El caso del proyecto COINBIO. 2008
Chapela Ayala, Tania Camila: ¿Planeacion y gestion participativas?: el caso del proyecto de rescate integral del Conjunto Abelardo L. Rodriguez . 2006. Texto completo.
Consejo y Chapela, Rebeca: Geografía, curriculo y formación en ciudadania. 2006. Texto completo.
Bojorquez Chapela, Ietza Rocio: Construcción de genero, actitudes y conductas alimentarias de riesgo en mujeres adolescentes mexicanas. 2004
Chapela y Mendoza, Gonzalo: La organización campesina forestal en el cambio liberal mexicano :1980-1992. 1998 Texto completo
Chapela M., Ignacio H. Receptores adrenergicos beta en el miocardio de dos modelos de hipertension arterial en la rata. 1983
Chapela Mendoza, Ma. de Lourdes: Reportaje sobre los titeres, 1974
martes, 6 de enero de 2009
Ciudadanos y ciudadanas
| TITULO: | Ciudadanos y ciudadanas / coords. Rodolfo Tuirán, Elena Zuñiga ; texto Luz María Chapela. |
| ISBN: | 970-628-303-X |
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| CLASIFICACIÓN: | 06.03.05 C6 1999 no.3 |
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| AUTOR: | México. Consejo Nacional de Población. |
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| PIE DE IMPRENTA: | México : CONAPO, 1999. |
| DESCRIPCIÓN: | 51 p., [1] h. pleg. : il. |
| SERIE: | Cuadernos de población |
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| MATERIA: | Nacionalidad. Participación comunitaria. Sociedad. |
| COAUTOR: | Tuirán Gutiérrez, Rodolfo A., coord. Zúñiga Herrera, María Elena, coord. Chapela, Luz María. |
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| DOCUMENTO EN LINEA: | ver documento.. |
Adolescencia y curso de vida
| TITULO: | Adolescencia y curso de vida / coords. Rodolfo Tuirán, Elena Zuñiga ; texto Luz María Chapela. |
| ISBN: | 970-628-359-5 |
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| CLASIFICACIÓN: | 06.03.05 C6 1999 no.2 |
| | |
| AUTOR: | México. Consejo Nacional de Población. |
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| PIE DE IMPRENTA: | México : CONAPO, 1999. |
| DESCRIPCIÓN: | 46 p., [1] h. pleg. : il. |
| SERIE: | Cuadernos de población |
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| MATERIA: | Adolescencia. Pubertad. Ritos de pubertad. Primera infancia. |
| COAUTOR: | Tuirán Gutiérrez, Rodolfo A., coord. Zúñiga Herrera, María Elena, coord. Chapela, Luz María. |
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| DOCUMENTO EN LINEA: | ver documento.. |
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/Otras/Otras3/PDF/adolesc.pdf
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